Dioxitek y el juez Vaca Narvaja: desinformar a la sociedad

La planta de producción de dióxido de uranio de Dioxitek, en el barrio Alta Córdoba. Crédito: Dioxitek S.A.

Mientras la Justicia y los organismos de control celebran acuerdos de continuidad, la falta de transparencia expone una realidad inquietante: una vieja planta de uranio produciendo por encima de sus posibilidades en medio de la ciudad de Córdoba.

Por Cristian Basualdo

El juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja realizó recientemente una breve reseña histórica de su actuación en la causa Dioxitek, durante una entrevista con Cadena 3. Al recordar la clausura de las instalaciones y la posterior acción declarativa interpuesta por la empresa en el Juzgado Federal de Córdoba 3, el magistrado afirmó: “logramos que se abra la planta después de una serie de negociaciones”.

Es necesario analizar la literalidad de sus palabras. Vaca Narvaja no destacó como un logro la protección del ambiente de los cordobeses; para el juez federal, el logro consistió en la reapertura de la planta de uranio. El uso de la primera persona del plural —“logramos”— sugiere un objetivo colectivo compartido con las otras partes que se sentaron en la mesa de negociaciones: Dioxitek, la Municipalidad, la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Provincia. Las organizaciones de la sociedad civil brillaron por su ausencia.

El magistrado confirmó, además, que se está por acordar un plazo de tres años para que la planta de uranio continúe en el barrio Alta Córdoba de la capital mediterránea. “No hay ningún peligro o riesgo de contaminación de tipo nuclear como algunas personas medio desorientadas han intentado desinformar a la sociedad”, sentenció.

La facultad de imponer definiciones es una manifestación de poder, y Vaca Narvaja lo posee. Eso no impide verificar la veracidad de sus palabras. Primero, un dato cierto: en la documentación presentada por la propia Dioxitek ante la Justicia Federal consta que la planta descarga uranio en las cloacas junto con sus efluentes líquidos y lo emite por chimenea en forma de aerosoles.

Foja del Informe mensual de descarga de efluentes que Dioxitek presentó al Juzgado Federal de Córdoba 3, donde consta que en el mes de marzo descargó 6,52 kilogramos de uranio.

El juez federal considera que no hay contaminación nuclear simplemente porque la ARN así lo dictamina. Asume que la información sobre radiactividad implica una alta tecnología en la obtención y tratamiento de datos; algo que solo la ARN es capaz de gestionar. Los peritos independientes brillan por su ausencia.

Lo habitual en estos casos es utilizar los “límites” como herramientas de comunicación pública: burócratas y técnicos nucleares determinan una cifra, que, por obra y gracia de una fe contemporánea, deja de ser una entidad numérica para convertirse en una nueva realidad. Veamos un ejemplo concreto: Dioxitek fue clausurada en 2012, uno de los motivos mencionados por el entonces director General de Control y Fiscalización municipal a La Voz del Interior fue que no tenía “autorización de Redes Sanitarias para arrojar efluentes del proceso industrial”. Actualmente, la planta sigue descargando sus efluentes a las cloacas, con la diferencia que esta vez tiene un límite mensual de hasta 18 kilogramos de uranio. Así las cosas, la empresa puede afirmar que “no contamina” simplemente porque sus emisiones se mantienen por debajo de un margen arbitrario.

Otro punto crítico es la fiscalización. La propia Dioxitek reporta al Juzgado Federal de Córdoba 3 las cantidades de uranio descargadas, lo que le otorga un margen generoso para acomodar los hechos de manera que no entorpezcan la tramitación de la causa.

Además, la información está desactualizada. Los últimos datos ambientales presentados por la empresa son de inicios de 2024 y el último monitoreo publicado por la ARN data de 2023. Al magistrado le faltan los datos de los últimos años para afirmar con certeza que la empresa no contamina. Como dice el principio lógico: la ausencia de una prueba no es la prueba de la ausencia.

Dioxitek publicitó un récord de producción en 2025, con 190 toneladas de dióxido de uranio, en una planta diseñada para 150 toneladas anuales. No hace falta un doctorado en ingeniería nuclear para darse cuenta de que también deben haber sido récord las descargas de uranio al ambiente. Para despejar dudas, solicité a la empresa los informes ambientales de 2024 y 2025, en el marco de la Ley N.º 27.275, Derecho de Acceso a la Información Pública. Dioxitek rechazó la solicitud al sostener que la divulgación de esos informes “podría comprometer secretos industriales y comerciales”. No obstante, la Agencia de Acceso a la Información Pública consideró que la información requerida es de carácter ambiental y, por lo tanto, reviste un alto interés público. En ese sentido, señaló que “su difusión permitiría a la comunidad participar de manera informada en un contexto de debate sobre la continuidad operativa de la planta”. Mediante la Resolución N.º 61/2026 requirió a Dioxitek que justifique la negativa a entregar información ambiental de su planta de Córdoba o, en su defecto, ponga los datos a disposición del solicitante. Los funcionarios de Dioxitek son gente ocupada, no contestaron nunca.

El Plan de monitoreo radiológico ambiental de la Autoridad Regulatoria Nuclear para el Complejo Fabril Córdoba (donde se encuentra la planta de uranio de Dioxitek) contempla siete puntos de muestreo en el río Suquía. Se asume como aguas arriba a los puntos 1, 2 y 4, y aguas abajo al resto.

El uranio es un metal pesado, químicamente tóxico y radiactivo. Verterlo en las cloacas encaja en las definiciones más aceptadas de contaminación. La Real Academia Española define contaminar como “alterar nocivamente la pureza o las condiciones normales de una cosa o un medio por agentes químicos o físicos”. El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) define contaminación como la “presencia no intencionada ni deseable de sustancias radiactivas en superficies, o dentro de sólidos, líquidos o gases (incluido el cuerpo humano), o proceso que da lugar a la presencia de sustancias radiactivas en dichos lugares” (Ver: Glosario de Seguridad del OIEA, Terminología empleada en seguridad nuclear y protección radiológica, Edición 2022 provisional, página 59).

Otro aspecto a tener en cuenta es que el diseño de un programa de monitoreo puede determinar fácilmente los resultados. La ARN toma muestras una vez al año del agua de red de la ciudad de Córdoba y del río Suquía, aunque reconoce que “el río no pasa cerca del complejo”. La ARN no controla la concentración de uranio en las cloacas, ni en la planta de Bajo Grande. Tampoco controla el uranio en el aire de Alta Córdoba.

Finalmente, la prueba más contundente de la contaminación nuclear la aporta la misma Dioxitek. En los últimos años, ha invertido en la denominada Planta de Efluentes D. Según la empresa, una vez que esté operativa la cantidad mensual de uranio vertido en las cloacas “registrará una drástica disminución”. A confesión de parte, relevo de pruebas: si la situación actual fuera inocua, tal inversión sería innecesaria.

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