Cuestionamientos al control de la Autoridad Regulatoria Nuclear sobre Dioxitek

Una pérdida de material radiactivo en la planta de Dioxitek, en Alta Córdoba. Crédito: imagen compartida por empleados de Dioxitek.

Un comunicado oficial buscó minimizar fallas en la planta de dióxido de uranio en Córdoba, pero documentos judiciales revelan más incidentes y deficiencias.

Por Cristian Basualdo

La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) emitió un comunicado el 18 de marzo porque “deseaba aclarar algunas versiones difundidas recientemente en medios periodísticos” sobre dos incidentes ocurridos en la planta de dióxido de uranio que la empresa estatal Dioxitek S.A. opera en la ciudad de Córdoba.

Un mes antes, La Voz del Interior había publicado una investigación con denuncias de empleados que compartieron fotos de los incidentes. El más reciente ocurrió hace dos años, cuando personal de mantenimiento realizaba un chequeo del funcionamiento del sistema de carga tras haberse detectado problemas en la alimentación. En un momento del recorrido del sistema, se produjo una dispersión de polvo de material nuclear (carbonato de uranilo y amonio) por una manguera que estaba desconectada.

La ARN señaló que “la dosis recibida por el trabajador fue muy baja”. Agregó que recibió los informes de la empresa, confirmando que “el evento quedó confinado dentro de la instalación” y que “Dioxitek tomó las acciones inmediatas que correspondían”. En cuanto al otro incidente, ocurrido hace tres años, dijo que se trató de un “incidente operativo sin necesidad de ser reportado”. El organismo regulador aseguró además que las inspecciones rutinarias siguen verificando las condiciones de seguridad radiológica de la instalación y el seguimiento de los “requerimientos regulatorios pendientes”.

Para analizar esta última frase es necesario salir del reino de la retórica mediática y observar la realidad de la planta de dióxido de uranio a partir de los documentos de la propia ARN.

El mismo día que emitió el comunicado, el organismo regulador contestó un oficio judicial librado por el Juzgado Federal 3 de Córdoba. La ARN informó al juez que durante 2025 ocurrieron otros cuatro incidentes en la planta de dióxido de uranio. Además, como resultado de la última inspección surgieron una serie de requerimientos, tales como: “enviar un informe de las tareas realizadas en las zonas afectadas estructuralmente, colindantes con depósitos de residuos radiactivos”.

“Requerimientos regulatorios pendientes” es, sin dudas, una frase muy eficaz; no surtiría el mismo efecto si a las prácticas que permite la ARN las llamara “cosas que están mal ahora, pero se corregirán en el futuro”.

¿Por qué la ARN trata de hacer que las malas noticias parezcan buenas? Si bien las relaciones públicas no están entre sus obligaciones legales (Ley N.º 24804 y su Decreto Reglamentario N.º 1390/98), la ARN sostiene que “tiene el deber de mantener informadas” a las partes interesadas, y “especialmente a la sociedad civil”, sobre aspectos tales como “riesgos radiológicos asociados a las instalaciones”.

El organismo regulador cuenta con una sección en su página web denominada “Informes sobre sucesos notificados”, que hubiera sido el espacio adecuado para informar en 2023 y 2024 los detalles de los eventos ocurridos en la planta de dióxido de uranio. Sin embargo, la ARN salió a perseguir la noticia una vez que los incidentes fueron publicados por La Voz del Interior. La estrategia general parece ser admitir solo aquello que, ante lo apabullante de la evidencia, no se puede negar.

Se conoce como captura regulatoria cuando una industria influye en las decisiones del organismo que la regula. Dioxitek tienen un gran incentivo para influir en la ARN, mientras que los ciudadanos casi no tienen incentivos para hacerlo.

Una de las ventajas de la empresa radica en que la información que utiliza el organismo regulador proviene, en gran medida, de la propia empresa, por lo que puede controlar ese flujo de información a su favor. Otra ventaja es que los reguladores y los regulados son propensos a conocerse personalmente, tomemos por ejemplo a Juan Martín Campos, que fue funcionario de la ARN durante unos 15 años antes de asumir la presidencia de Dioxitek.

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