Proponen una unidad técnica independiente para controlar los sitios con actividad y residuos radiactivos en Córdoba
Es una iniciativa de la legisladora radical Brenda Austin, que propone un ente de monitoreo y control tanto de Dioxitek como de Los Gigantes y Embalse. Impulsa estudios independientes y prohíbe las mordazas de confidencialidad a los empleados. Denuncia que Ambiente de la Provincia demora un plan de remediación que presentó Nación.
Por Ary Garbovetzky
La legisladora Brenda Austin (UCR) presentó en la Legislatura un proyecto de ley para crear el Sistema Provincial de Control de Depósitos de Residuos Radiactivos y No Radiactivos Peligrosos, una estructura institucional permanente destinada a fortalecer las capacidades de la Provincia de Córdoba en el monitoreo ambiental, la transparencia y la remediación de sitios con acumulación histórica de residuos nucleares.
La iniciativa alcanza, entre otros, a la planta de Dioxitek S.A. y el depósito conocido como “El Chichón”, en barrio Alta Córdoba, al ex complejo minero de Los Gigantes, a la Central Nuclear de Embalse y a instalaciones vinculadas a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).
“Esta discusión de coyuntura que se está dando en torno a Dioxitek puede ser una oportunidad para construir un andamiaje normativo que aumente las facultades de control de la provincia de Córdoba. La Provincia no puede ser un mero espectador del desarrollo de actividades nucleares en su territorio, sino que tiene que ser garante para la ciudadanía”, sostuvo Austin.
De este modo, la legisladora hizo alusión a las denuncias de empleados y exempleados de eventos no reportados de fallas de seguridad, además de la falta de habilitación de Bomberos por deficiencias en los sistemas de prevención de incendios y la intimación pendiente de resolución de Ambiente por la mora de dos años en la presentación de un plan de gestión de residuos peligrosos.
Organismo técnico independiente
El proyecto de Austin crea una unidad técnica autárquica con independencia funcional del Poder Ejecutivo provincial y una comisión especial legislativa de seguimiento. “La unidad técnica tendrá facultades para realizar monitoreos ambientales independientes sobre agua, suelo, aire, sedimentos y biota; exigir auditorías técnicas internacionales cada tres años, financiadas por los operadores; administrar un registro provincial público y digital; emitir dictámenes técnicos ante planes de remediación, traslados de residuos o nuevas instalaciones; convocar audiencias públicas obligatorias y accionar judicialmente en defensa del ambiente provincial”, detalla la legisladora.
El diseño institucional del proyecto contempla un directorio plural integrado por representantes del Ejecutivo, de universidades nacionales con sede en Córdoba, de organizaciones de la sociedad civil, de municipios del área de influencia y de la Legislatura, con estrictas incompatibilidades para garantizar independencia respecto de los operadores.
“La propuesta no invade competencias nacionales en materia de seguridad nuclear. Lo que hace es fortalecer el control ambiental y sanitario desde la Provincia, elevar los estándares de transparencia y asegurar auditorías verdaderamente independientes más allá de los controles que realiza la Autoridad Regulatoria Nacional”, explicó la legisladora.
Registro público y obligaciones estrictas
La iniciativa establece la creación de un Registro provincial de depósitos de residuos radiactivos y no radiactivos peligrosos, de acceso libre, donde deberá constar la identificación de cada sitio, el operador responsable, el historial de accidentes y eventos, el estado de los planes de remediación y las restricciones de uso del suelo.
Además, la iniciativa establece que los operadores deberán presentar informes semestrales obligatorios, notificar accidentes dentro de las 24 horas, permitir inspecciones provinciales y no podrán imponer cláusulas de confidencialidad que impidan denuncias de trabajadores ante los organismos de control. El proyecto además incorpora un régimen específico de protección para denunciantes.
Participación ciudadana y monitoreo sanitario
Uno de los puntos centrales del proyecto es que busca fortalecer la transparencia y la participación ciudadana. El texto prevé audiencias públicas antes de decisiones relevantes, simulacros de contingencia en coordinación con centros de salud y la elaboración de planes ciudadanos de emergencia. También dispone la creación de un registro epidemiológico permanente en las áreas de influencia de los depósitos, con actualización anual y acceso público.
Si bien el Juzgado federal solicitó que Dioxitek presente nueva documentación antes de extender el permiso para seguir operando fuera de norma en la ciudad de Córdoba, no tuvo en cuenta ninguno de estos requerimientos que impulsa el proyecto de Austin.
“Queremos que en la provincia estén dispuestos planes ciudadanos de emergencia y contingencia y que se empuje con fuerza el debate por la remediación de los sitios que así lo requieran, como es el caso de Los Gigantes”, señaló Austin.
Dos de las herramientas más importantes que promueve el proyecto y que han sido demandadas por actores de la sociedad civil, son la realización obligatoria de auditorías técnicas independiente con participación de organismos internacionales sin vinculación con los operadores o reguladores nacionales, y el registro epidemiológico permanente en las áreas de influencia. Ambas con el fin de brindar certeza y confianza sobre el estado de situación.
La Secretaría de Ambiente, en la mira
La legisladora ha manifestado en diversas oportunidades, la preocupación por el retraso en la puesta en marcha de planes de remediación por la falta de un rol activo de la Provincia de Córdoba.
En el caso de la Ex Mina de Uranio de Los Gigantes, según información oficial obtenida por requerimientos de pedidos de acceso a la información pública, se acreditó que la Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea) envió a Córdoba el Plan de Cierre del yacimiento Schlagintweit ante las autoridades del entonces Ministerio de Ambiente y que se encuentra a la espera de aprobación.
Según afirmó la legisladora “la demora del área de Ambiente de Córdoba constituye un retraso infundado y negligente frente a la importancia de remediar los pasivos ambientales de estos sitios y los riesgos latentes que representan”.
En el caso de Dioxitek, según afirmó, se advierten irregularidades en los roles de control, ineficaces cuanto menos, tanto del Ministerio de Seguridad frente a las observaciones técnicas vinculadas a presuntas deficiencias en los sistemas de prevención y combate de incendios realizados por la Dirección de Bomberos como por la Secretaría de Ambiente en torno al estado del Plan de Gestión Ambiental de la empresa.
En los fundamentos del proyectos se menciona que en el barrio Alta Córdoba, contiguo a Dioxitek se encuentran enterradas “57.600 toneladas de residuos radiactivos de baja actividad generados desde 1952, conocidos como “El Chichón”: colas de mineral que contienen uranio, radio-226, torio y sus descendientes radiactivos”. Mientras que en el Sitio de Los Gigantes “quedaron depositados a cielo abierto aproximadamente tres millones de toneladas de colas, estériles, minerales marginales, lodos y líquidos, en la cabecera de la cuenca que abastece de agua potable a la ciudad de Córdoba y a gran parte del Valle de Punilla”.
Participación provincial en decisiones nacionales
El proyecto establece que toda decisión nacional que implique nuevas instalaciones, traslado de residuos, clausura o modificación de operaciones en territorio cordobés, deberá notificarse a la Provincia, instando además a una consulta previa con al menos 60 días de anticipación, a fin de que la unidad técnica emita dictamen.
Asimismo, promueve acuerdos interjurisdiccionales para coordinar información en tiempo real, programas de monitoreo complementarios y participación provincial en la planificación estratégica de gestión de residuos.
Fundamentos y antecedentes
En sus fundamentos, el proyecto advierte sobre remediaciones inconclusas desde hace décadas, potenciales conflictos de interés derivados de la concentración de funciones en organismos nacionales y la necesidad de un control independiente con anclaje provincial.
Austin destacó que para la elaboración del proyecto se tomaron en cuenta aportes de especialistas y el análisis de documentación oficial, así como experiencias comparadas en países como Alemania, Canadá y Australia.
“Creemos que este puede ser un aporte serio y responsable a la discusión pública. No se trata de generar alarma, sino de construir reglas claras, instituciones sólidas y mecanismos de control que le den tranquilidad a la ciudadanía cordobesa”, concluyó Austin.
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Fuente:
Ary Garbovetzky, Preocupación por Dioxitek. Proponen una unidad técnica independiente para controlar los sitios con actividad y residuos radiactivos en Córdoba, 3 marzo 2026, La Voz del Interior.
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