Dioxitek debe respetar las exigencias

Una pérdida de material radiactivo en la planta de Dioxitek, en Alta Córdoba, según empleados. Crédito: imagen compartida por empleados de Dioxitek.

Las autoridades de Ambiente y de la Justicia tienen el deber de revisar minuciosamente cada documentación para que Dioxitek cumpla con las exigencias y despeje los riesgos que abruman a los vecinos desde hace décadas.

Dioxitek, la empresa del Estado nacional productora de dióxido de uranio para las centrales atómicas de la Argentina, parece empeñada en dilatar los tiempos en la gestión que debe cumplimentar para que la Justicia determine si puede continuar operando en la ciudad de Córdoba; más precisamente, en su planta de calle Rodríguez Peña 3250, de barrio Alta Córdoba.

Las dilaciones en cuestión residen en la entrega de documentación que debe hacer la compañía estatal a la Secretaría General de Ambiente, de Economía Circular y Biociudadanía de la Provincia de Córdoba. Se trata de especificaciones concretas en relación con un amplio temario que esa dependencia remitió con plazo de 30 días hábiles para ser respondido.

Los tiempos son breves, y Dioxitek debe dar cuenta de operaciones de alto riesgo, como la disposición final de los residuos radiactivos, tanto líquidos como sólidos. Estamos hablando de presuntos vertederos de alta peligrosidad, ya no sólo en el deterioro del ambiente, sino también en relación con la salud pública.

Es de esperar que la empresa dé cumplimiento a los requisitos, como paso tendiente a que la Justicia federal conceda vía libre a una nueva prórroga (otra más al cabo de décadas) y seguir de esa forma manipulando uranio y otros componentes pesados en una zona residencial.

Otro dato que alcanza al fondo de la cuestión y que no debe ser minimizado radica en que si la Justicia, como se presume, hace lugar a la nueva prórroga, quedará una vez más en promesas la ansiada y definitiva relocalización de Dioxitek fuera de Córdoba.

A no dudar que pueden detonar nuevos capítulos en este conflicto que tomó una significativa dimensión luego de que La Voz publicó una serie de informes sobre el tema; entre ellos, uno que dio cuenta de la avanzada de la empresa estatal para conseguir una prolongación de ocho años, pese a que ni siquiera tenía habilitación de Bomberos ni un plan específico en materia de ambiente.

Con el agravante de que muchas maniobras fueron silenciadas y ocultadas a la población, como aquel incidente sobre el que informamos en referencia a la diseminación de polvo de carbonato de uranio y amonio. Vale la comparación: no estamos hablando de bolsas de harina, sino de materiales sensibles y peligrosos, que abastecen a las tres centrales nucleares del país: Embalse, Atucha I y Atucha II.

Es cierto que desde la firma se argumentó que aquel evento no tuvo implicancias ambientales, por el hecho de que el material estaba contenido y se obró en la emergencia según los protocolos.

Pese a todo, no está de más insistir en una reflexión a modo de interrogante: ¿puede una empresa de características atómicas continuar operando en un barrio densamente poblado?

Las autoridades de Ambiente y de la Justicia tienen el deber de revisar en forma minuciosa cada documentación, para que Dioxitek cumpla con las exigencias y despeje los riesgos que abruman a los vecinos desde hace décadas.

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Fuente:

Riesgo ambiental. Dioxitek debe respetar las exigencias, 14 marzo 2026, La Voz del Interior.