Expediente Los Gigantes: cómo la CNEA oculta la información sobre la radiación
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| Colas de mineral en la mina de uranio abandonada de Los Gigantes. Crédito: CNEA. |
El Banco Mundial advirtió que en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) existe una cultura institucional de no compartir los datos con el público.
Por Cristian Basualdo
A fines del siglo pasado, la CNEA comenzó las gestiones por un crédito ante el Banco Mundial para remediar ocho sitios abandonados donde se había realizado minería de uranio. Así nació el Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería del Uranio (PRAMU), que con el tiempo resultó un nombre rimbombante con pocos resultados concretos. Con el crédito, de unos 30 millones de dólares, solo se remedió el sitio Malargüe.
Uno de los compromisos asumidos por la CNEA con el Banco Mundial fue el de desarrollar el Sistema de Información de Gestión Ambiental (SIGA), que iba a procesar los datos recogidos de más de cincuenta parámetros, entre los que estaban incluidos el aire, el agua, el suelo y niveles radiológicos de los ocho sitios PRAMU. Para ello se adquirieron equipos y se fortalecieron laboratorios. Además, el proyecto SIGA fue evaluado por especialistas del Organismo Internacional de Energía Atómica, quienes consideraron que se ajustaba a las mejores prácticas y normas internacionales para redes de vigilancia.
Sin embargo, el SIGA nunca se implementó. La CNEA no tuvo reparos en asegurar lo contrario al Banco Mundial. Efectivamente, en el Informe Final de Ejecución y de Resultados del PRAMU, la CNEA afirmó que el SIGA “sistematiza, recopila, simplifica y organiza toda la información”, con la finalidad de elaborar “documentos varios, resultados de monitoreo, informes y estudios de consultorías”; logrando así “una base de datos única y unificada que esté a disposición en cada una de las dependencias del proyecto y al alcance de cada usuario y de la misma CNEA”.
El Banco Mundial dejó asentado en un reporte, de fecha 27 de diciembre de 2017, que el intercambio de datos de monitoreo en un sitio web público no se había materializado, y que la CNEA atribuyó el fracaso a “razones técnicas”. Sin embargo, el organismo internacional señaló que la razón subyacente parecía ser que la CNEA no considera apropiado compartir los resultados de las campañas de vigilancia radiológica con el público, ya que:
muy pocas personas están capacitadas para interpretar correctamente los datos brutos sobre los niveles de radiación del radón, lo que fácilmente podría dar lugar a interpretaciones erróneas;
existe una cultura institucional arraigada en la CNEA de no compartir los datos con el público;
según informó la CNEA, su sitio web había sido pirateado en múltiples ocasiones y en el momento del cierre del PRAMU todavía se estaba construyendo un sitio web actualizado;
la CNEA quiere evitar preocupaciones debido a las críticas externas a la energía nuclear y los relaves asociados.
El lector puede verificar estas afirmaciones del Banco Mundial en la página 28, ítem 65, del documento disponible en el siguiente enlace:
La CNEA aseguró entonces al Banco Mundial que, una vez que su sitio web esté operativo, publicaría “los parámetros generales de las campañas de control que sean más fáciles de interpretar por el público”.
Han pasado ocho años desde aquellos hechos, consideré oportuno preguntar a la CNEA por el destino del SIGA. Para ello efectué una solicitud de Acceso a la Información Pública. La respuesta tiene fecha 6 de agosto de 2025, la CNEA dice que el SIGA dejó de estar operativo en el año 2018 “debido a inconvenientes técnicos ocurridos en los servidores del sistema”. En consecuencia, los datos y resultados de monitoreo “quedaron en modo de prueba, pues fue posible restablecer el acceso remoto a través de la aplicación”. Por este motivo, “no se dispone a la fecha de información que pueda ser entregada en los términos solicitados por el ciudadano”. La nota agrega que la CNEA “está realizando gestiones internas para la reactivación del sistema”, aunque por el momento “no se cuenta con una fecha cierta para su restitución operativa”. Además, “a la fecha no se ha materializado un sitio web público para el intercambio de datos de monitoreo”.
La excusa de la CNEA es baladí, un organismo con capacidad de diseñar un reactor nuclear debería poder implementar sin problemas una página web. Hoy en día, incluso un aficionado sin conocimientos técnicos puede crear aplicaciones y sitios completamente funcionales con el apoyo de herramientas de inteligencia artificial que solo requieren escribir instrucciones en un cuadro de texto.
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