Víctimas nucleares: la farsa de las indemnizaciones

El atolón de Mururoa tras una prueba atmosférica, en 1968.

Durante quince años, Francia subestimó el impacto de las pruebas nucleares en la salud de los polinesios. Este error provocó el rechazo masivo de las solicitudes de indemnización.

por Tomas Statius y Sébastien Philippe

Entre 1966 y 1974, los radionucleidos se difundieron por todas partes. Tanto en el entorno de las islas polinesias, como en los cuerpos de sus habitantes. Desde entonces, la cuestión de las reparaciones por el impacto de las pruebas nucleares en el Pacífico ha sido un tema delicado. A finales de 2010, Francia dio un paso hacia el reconocimiento de sus responsabilidades creando el Civen, un comité encargado de indemnizar a las víctimas civiles y militares. Entonces entró en vigor un procedimiento especial. Para que ser reconocido, un demandante debe demostrar que vivía en Polinesia en el momento de las pruebas atmosféricas, y que padece una de las 21 enfermedades inducidas por la radiación que figuran en una lista oficial -que aumentó a 23 en 2019-. El demandante se beneficia entonces de una presunción de causalidad entre la patología desarrollada y la exposición a los radionucleidos. Al menos en principio.

En los hechos, el Civen levantó un muro impenetrable. En diez años, sólo 506 personas han recibido indemnizaciones por cánceres inducidos por la radiación. Desde su creación, la institución ha rechazado más del 80 % de los expedientes examinados. Pero es imposible saber por qué: el comité rara vez fundamenta sus decisiones y no hace públicos sus dictámenes.

Dos decisiones recientes ilustran la necesidad de una mayor transparencia en la forma de conceder la condición de víctima. Se trata de los casos presentados por dos hermanas del atolón de Raivavae, nacidas en 1964 y 1965, que contrajeron la misma enfermedad: cáncer de mama. Aunque sus situaciones parecen ser comparables, obtuvieron dos decisiones diametralmente opuestas. Para la primera, el Civen concluyó que la exposición a las radiaciones ionizantes era lo suficientemente alta como para ser reconocida. Para la segunda, consideró lo contrario, sin dar más detalles.

La opacidad y la pesadez administrativa han acabado por aplastar las esperanzas de los polinesios. Hasta el punto de que muchos ni siquiera inician el proceso. “La gente tiene miedo de hablar”, dice Astrid Brander, nativa de uno de los atolones más afectados por la lluvia nuclear. “Cuando se enfrentan a los blancos, se callan”. El patriarca de su familia, Tane Brander, murió en 1994 de cáncer de pulmón, que fue reconocido como consecuencia de las pruebas. Dos de sus hijos también sufrieron cánceres inducidos por la radiación. Nunca han presentado una reclamación de indemnización.

Según un informe confidencial que hemos obtenido, el Ministerio de Sanidad de la Polinesia calcula que hay unas 10.000 víctimas, principalmente en Tahití y las islas Gambier. Todos ellos habrían recibido una dosis de radiación superior a 5 milisieverts (mSv), es decir, cuatro más que la dosis necesaria hoy en día para pedir una indemnización al Estado francés. Pero según nuestra investigación, las cifras son aún más asombrosas.

Nuestra reconstrucción de la lluvia radiactiva relacionada con la prueba Centaure de 1974 revela que todos los habitantes de Tahití y de las islas circundantes, las Islas de Sotavento, estuvieron expuestos a una dosis superior a 1 mSv. Esto significaría que 110.000 personas podrían reclamar una indemnización al Estado. Sin embargo, hasta 2019, el número de civiles polinesios -es decir, excluyendo a los militares y contratistas de las empresas- que han obtenido el reconocimiento del Estado asciende a 63 personas.

Hay varias razones para este fracaso real. Para empezar, los polinesios no disponen de los datos médicos necesarios para examinar su situación, ni de información suficientemente precisa para estimar las dosis recibidas. Según los documentos desclasificados por Francia, sólo 26 “estaciones de vigilancia radiológica” miden el impacto de la lluvia radiactiva en las islas: es decir, una cobertura de apenas el 20 % del territorio de la Polinesia.

Esta falta de cobertura geográfica se ve agravada por los errores de cálculo debidos a los instrumentos de medición defectuosos. Como en 1971, el año de la detonación de Encélade, cuando varios dosímetros instalados en los atolones tenían un margen de error del 50 %. El tercer elemento de explicación es que durante sus primeros siete años de existencia, Civen utilizó un software americano con un método de cálculo “loco”, según un antiguo miembro del comité. “Un día incluso rechazamos a un tipo que estaba literalmente orinando plutonio”, asegura. En 2017, la ley EROM puso fin a esta anomalía al introducir nuevos criterios de examen: justificar una exposición a la radiación ionizante superior a 1 mSv. El texto, que entró en vigor en 2020, facilita las peticiones de los veteranos del ejército y del CEA, el Comisariado de la Energía Atómica francés. Para los polinesios, en cambio, sigue siendo una carrera de obstáculos.

El engaño del Civen

Para legitimar su acción, cuestionada desde hace 10 años, el Civen defiende siempre los mismos argumentos. Fue el CEA quien en 2006 emprendió una reevaluación completa de las dosis recibidas por la población; y sus cálculos fueron validados en 2010 por el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), la referencia en la materia. “Para evaluar si las enfermedades de los demandantes están causadas por las radiaciones de las pruebas nucleares francesas, Civen debe utilizar los datos disponibles, en particular los del CEA, validados por los expertos designados por el OIEA”, confirma Alain Christnacht, presidente de Civen hasta el pasado febrero.

El problema es que el documento, que se supone que valida los cálculos del CEA y, por tanto, el método de compensación de Civen, nunca se ha hecho público. Disclose obtuvo una copia de este informe. Y sorpresa: el OIEA no validó nada. “Teníamos que ver si había grandes errores en el estudio de la CEA”, dice un físico que participó en la redacción del informe. “No podíamos hacer mucho más”. Y por una buena razón. Los científicos encargados por el OIEA no tuvieron acceso a los datos de la fuente, que en ese momento todavía estaban clasificados como secreto de defensa. Por lo tanto, se basaron “en la idea de que toda la información, los cálculos y los datos proporcionados [eran] correctos”, como se indica en la introducción del informe.

El último elemento que desacredita el comodín esgrimido por Civen: el estudio fue encargado y financiado directamente por el Ministerio de las Fuerzas Armadas.

El 18 de febrero de 2020, el Instituto Nacional de Salud e Investigación Médica (Inserm), por encargo del Ministerio de Defensa, emitió un informe sobriamente titulado: “Pruebas nucleares y salud - Consecuencias en la Polinesia Francesa”. Al no haber podido establecer “vínculos entre la lluvia radioactiva de las pruebas atmosféricas y la aparición de patologías inducidas por la radiación”, debido a la falta de datos fiables, los autores recomiendan “afinar las estimaciones de las dosis recibidas por la población local y por el personal civil y militar”. Esta petición, realizada por las asociaciones de víctimas desde hace casi diez años, es precisamente el objeto de esta investigación.

Basándose en las muestras tomadas en el momento de las pruebas en las distintas islas de la Polinesia, Disclose e Interprt, en colaboración con el programa de Ciencia y Seguridad Global de la Universidad de Princeton, han reevaluado la exposición de los polinesios a las partículas radiactivas. En la jerga científica, esto se denomina reconstrucción de la dosis efectiva. Para las seis pruebas que hemos modelizado, nuestras estimaciones de las dosis recibidas por la población son entre 2 y 10 veces superiores a las defendidas por el CEA y el Civen desde hace más de diez años.

700 millones de euros

A partir de los datos disponibles, podemos estimar el número de víctimas civiles que podrían reclamar una indemnización tras la contaminación de la prueba Centaure en julio de 1974. Según nuestros cálculos, aproximadamente 10.000 personas contrajeron un cáncer reconocido por el Estado como consecuencia de las pruebas nucleares.

Considerando que la media es de 70.000 euros por persona, el coste total de las indemnizaciones para el periodo comprendido entre 1975 y 2020 podría ascender a 700 millones de euros.

Tomas Statius (Disclose) y Sébastien Philippe (SGS Princeton University)

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Fuente:

Tomas Statius, Sébastien Philippe, Victime du nucléaire: l’imposture de l’indemnisation, 8 marzo 2021, Disclose. Consultado 19 abril 2021.

Este artículo fue adaptado al castellano por Cristian Basualdo.