“El uranio enciende las alarmas en el Valle Calchaquí”

Planchadas de pilas y escombreras de la ex planta Don Otto, el viernes 19 de junio de 2026. Crédito: Freddy Carbonell / Pro Eco Tucumán.

El fantasma de la mina Don Otto amenaza el agua de San Carlos. El Senado salteño empuja la reactivación del histórico yacimiento nuclear, despertando el rechazo tajante de la intendenta local y de los vecinos que aún conviven con un pasivo ambiental sin remediar. Cuevas de agua expuestas, sospechas sobre fondos millonarios que nunca llegaron y el miedo latente a un desierto contaminado.

La tranquilidad histórica de los Valles Calchaquíes se encuentra bajo una amenaza silenciosa y radioactiva. La reciente resolución de la Cámara de Senadores de Salta, que insta al Ejecutivo provincial a crear incentivos para que empresas privadas retomen la explotación de uranio, ha desatado una tormenta política y social que tiene como epicentro a la Mina Don Otto, ubicada en el departamento de San Carlos.

A fines de mayo, el cuerpo legislativo aprobó este pedido de reactivación impulsado bajo la promesa del “progreso económico” y la “generación de empleo”.

Apenas unos días después, el 1 de junio, una comitiva de senadores provinciales realizó una inspección presencial en el predio para analizar la viabilidad técnica de reabrir los túneles. Sin embargo, la respuesta local fue inmediata y contundente: la intendenta de San Carlos, María del Carmen Vargas, fijó una postura tajante en contra del proyecto, sentenciando una frase que resuena con dolor en la comunidad: “Quiero morir en mi pueblo y no por contaminación”.

El fantasma de un abandono sin remediación

Para entender el pánico de los sancarlinos no hace falta mirar al futuro, sino al suelo que pisan. La mina Don Otto funcionó entre 1963 y 1981 bajo la órbita de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). De allí se extrajeron más de 200 toneladas de uranio mediante métodos de lixiviación ácida química, un proceso que disuelve el mineral usando componentes altamente nocivos.

Cuando el negocio dejó de ser rentable por la caída de los precios internacionales, las operaciones se detuvieron de la noche a la mañana. No hubo un cierre de remediación ambiental, tal como exige la ley vigente para mitigar los impactos a largo plazo.

Las bocas de las minas quedaron abiertas, las escombreras expuestas al aire del valle y las “cuevas de agua” subterráneas (napas y acuíferos) quedaron vulnerables al contacto directo con el material radioactivo. Los pueblos originarios y los productores locales denuncian que las filtraciones ya han afectado las cuencas hídricas de la zona.

¿Dónde están los fondos del Banco Mundial?

La indignación comunitaria crece al revisar el historial de promesas incumplidas. A lo largo de las últimas décadas, el Estado argentino gestionó créditos millonarios ante el Banco Mundial destinados específicamente al Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería del Uranio (PRAMU). Si bien estos fondos internacionales sirvieron para iniciar exitosamente el encapsulado de pasivos en otras regiones del país —como en Malargüe, Mendoza—, en los pasillos de San Carlos el misterio es total.

Vox populi y referentes vecinales denuncian que el dinero presupuestado para mitigar el desastre de Don Otto se esfumó en la burocracia, desviándose presuntamente hacia campañas políticas, cartelería pública y contrataciones direccionadas a compañías amigas. Mientras tanto, el pasivo ambiental nuclear sigue allí, a la intemperie.

El agua no se negocia

La intendenta Vargas vinculó directamente su rechazo con la crisis hídrica estructural que sufre el municipio. San Carlos padece históricamente para garantizar el acceso al agua potable para su población y para el riego de sus cultivos. Introducir una actividad extractiva que compita por el recurso hídrico y que ponga en riesgo de contaminación irreversible las napas subterráneas es visto por la comunidad como una sentencia de muerte para el turismo y la agricultura.

Los Concejos Deliberantes de localidades vecinas como Cafayate ya han manifestado su apoyo unánime al reclamo, exigiendo estudios de impacto ambiental transparentes y la realización de una consulta popular vinculante antes de tocar una sola piedra.

Hoy, Don Otto no representa la promesa del oro energético que pretende vender el Senado. Para los habitantes del Valle Calchaquí, es una herida abierta del pasado que amenaza con envenenar el futuro de sus hijos. La consigna en las calles es clara: primero se debe remediar el desastre del pasado.

El uranio vuelve a encender las alarmas, pero el pueblo vigila defendiendo su entorno, su vida.

Fuente: Compromiso Ambiental Cafayate