El proyecto de remediación de la minería del uranio avanzó solo 12,5 % en 25 años

Remediación pendiente. Ruinas de la ex mina de uranio Los Gigantes, uno de los sitios PRAMU que quedaron abandonados. Crédito: La Voz.

Un informe de la Auditoría General de la Nación detectó demoras, incumplimientos normativos y debilidades estructurales en el Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería del Uranio.

Por Cristian Basualdo

A casi 25 años de su creación por parte de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería del Uranio (PRAMU) “evidencia debilidades estructurales en su gobernanza y eficacia, con avances limitados en el cumplimiento de sus objetivos estratégicos”, señaló la Auditoría General de la Nación (AGN) en el informe de gestión Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería del Uranio. Gestión. Período 2023 y 2024. Comisión Nacional de Energía Atómica.

De los ocho sitios planificados, solo se concretó la remediación ambiental del sitio Malargüe (Mendoza), lo que representa un avance equivalente al 12,5 % del total previsto.

Durante el período auditado, “se verificaron demoras significativas en la gestión de permisos ambientales y una débil articulación interinstitucional con las jurisdicciones provinciales”, situación que afectó la continuidad administrativa y la ejecución efectiva de obras en sitios críticos como El Chichón y Los Gigantes, en la provincia de Córdoba.

Estas limitaciones, sumadas a la falta de instrumentos de dominio o tenencia, la ausencia de seguros ambientales obligatorios y la inexistencia de planes de emergencia específicos, “ponen en riesgo el control institucional de la CNEA sobre los sitios del PRAMU y vulneran los principios de prevención y responsabilidad ambiental establecidos por la Ley General del Ambiente (25.675)”.

Pese a registrar elevados niveles de ejecución presupuestaria —82 % en 2023 y 91 % en 2024—, el PRAMU sufrió en 2024 una reducción real del 51 % en su crédito asignado y contó, durante el período auditado, con una dotación técnica inferior al 1 % del personal total de la CNEA.

Los programas de monitoreo ambiental y radiológico “presentaron inconsistencias documentales y deficiencias en cobertura, difusión y trazabilidad de resultados”, mientras que el Sistema de Gestión de la Calidad evidenció “debilidades en la gestión documental y de control interno”.

El informe también advierte que la reiterada referencia a la ausencia de riesgos ambientales y sanitarios “podría contribuir a una percepción reducida respecto de la necesidad de avanzar en la ejecución de las remediaciones previstas, aun cuando dichas intervenciones constituyen obligaciones legales vigentes”.

Asimismo, se constató la inexistencia de un Programa de Comunicación e Información con la Comunidad formalizado a nivel PRAMU, situación que obstaculiza la transparencia, la participación social y la construcción de consensos necesarios para la aceptación de los proyectos y la obtención de permisos ambientales.

Por otra parte, desde la sanción de la Ley N.º 25.018, Régimen de Gestión de Residuos Radiactivos, no se elaboró el Plan Estratégico de Gestión de Residuos Radiactivos (PEGRR) ni se constituyó el fondo destinado a la disposición final de los residuos radiactivos. Según la auditoría, esto implica incumplimientos de los artículos 9, 13 y 14, configurando vacíos normativos y financieros que afectan la sostenibilidad institucional y la rendición de cuentas.

El incumplimiento sostenido de los objetivos de remediación ambiental previstos en la Ley N.º 25.018 no solo evidencia deficiencias en la gestión del PRAMU, sino que también habilita cuestionamientos sobre la necesidad de sostener dentro de la CNEA una estructura organizativa específica destinada a su ejecución.

La remediación ambiental de los sitios afectados por la minería del uranio constituye una responsabilidad indelegable del Estado nacional conforme a la Ley N.º 25.018, asignada a la CNEA a través del Programa Nacional de Gestión de Residuos Radiactivos (PNGRR) y ejecutada mediante el PRAMU.