Córdoba, la atómica: zonas de sacrificio bajo el espejismo de la energía nuclear

De las cumbres minerales al latido urbano de la capital, el mapa de Córdoba revela las cicatrices de un progreso mal entendido. La geografía provincial padece el acecho de barros contaminados en sus cuencas hídricas y el confinamiento de desechos químicos y radiactivos. En este escenario, la nación vigila su propia desidia mientras el poder político local opta por la ceguera administrativa, tratando el riesgo atómico como un fantasma ajeno que no amenaza la salud de sus habitantes ni el funcionamiento de sus ecosistemas.

Por Daniel Díaz Romero

El mapa del riesgo nuclear

Si bien el imaginario colectivo suele recurrir a la sátira para graficar el peligro nuclear, en territorio cordobés, la cruda realidad sobrepasa cualquier guion. El humor se desvanece ante la evidencia: el gas radón filtrándose en las viviendas de Alta Córdoba, la fractura de diques con residuos tóxicos en las cabeceras de los ríos y la presencia de isótopos radiactivos en la fauna de los embalses. Esta es la historia postergada de la Córdoba atómica, una crónica que arrastra ya 74 años marcados por el hermetismo estatal y la persistencia de una visión de desarrollo distorsionada desde su origen.

La generación de energía nucleoeléctrica con fines comerciales en América Latina se limita a tres naciones: Argentina, con sus tres centrales operativas, junto a México y Brasil. En el escenario argentino, este sector industrial se concentra geográficamente de manera exclusiva en Buenos Aires y Córdoba.

El entramado atómico de la provincia de Córdoba se estructura históricamente a través de un circuito de cuatro puntos clave que conecta la extracción de uranio en el Complejo Los Gigantes, ubicado en las sierras, con el procesamiento de dióxido de uranio en la planta de Dioxitek S. A., en pleno corazón de la capital. Allí mismo se localiza «El Chichón», un vertedero químico-radiactivo que confina más de 57.600 toneladas de residuos, mientras que el ciclo de generación eléctrica se cierra en la Central Nuclear de Embalse.

La confidencialidad sobre los trayectos y cronogramas de traslado de las sustancias químicas y radiactivas que requiere el circuito nuclear se justifica oficialmente como un asunto de seguridad nacional. Este hermetismo, que abarca tanto rutas provinciales como arterias críticas de la capital cordobesa, responde a directrices de la Autoridad Regulatoria Nuclear y a tratados del Organismo Internacional de Energía Atómica para evitar robos o sabotajes.

Bajo el amparo de la madrugada, camiones de gran porte se desplazan por la Ruta Nacional 9 y la avenida de Circunvalación. Los rombos en sus acoplados exponen la naturaleza crítica de la carga: uno naranja advierte sobre reactivos corrosivos; el otro, blanco y amarillo con el trifolio negro, señala la Clase 7, correspondiente a material radiactivo.

Los camiones esquivan baches y doblan por las esquinas de barrio Alta Córdoba de la ciudad, bordeando viviendas donde los vecinos duermen ajenos al cargamento que pasa a metros de sus ventanas. Tras cruzar los portones de Dioxitek, los vehículos inician el camino inverso, esta vez, con el polvo de uranio convertido en el componente estratégico que alimentará el combustible de los reactores del país, dejando atrás las toneladas de descarte amontonadas a cielo abierto.

Los enclaves del pasivo ambiental

El yacimiento Los Gigantes se encuentra en situación de abandono persistente desde que la firma Sánchez Granel detuvo sus actividades en 1989. El estancamiento responde a un intrincado conflicto legal debido a que las tierras pertenecen a la Orden Franciscana, pero están arrendadas por la Comisión Nacional de Energía Atómica. Como consecuencia, la implementación del Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería del Uranio ha sido postergada por más de treinta años. La vulnerabilidad del sistema de contención, que emplea la cuestionada técnica de «tapado con colas de mineral», alcanzó un punto de quiebre en agosto de 2025. Un fallo estructural del “dique 3” provocó el derrame de barros radiactivos hacia el río San Antonio, una contingencia que amenazó directamente la integridad del dique San Roque, pieza fundamental del suministro de agua potable para la ciudad de Córdoba y otras localidades.

El inventario del riesgo acumulado en las cumbres serranas es alarmante e incluye 2.4 millones de toneladas de desechos de molienda que conservan la mayor parte de la radiactividad original del uranio, junto a un millón de toneladas de rocas estériles capaces de generar drenajes ácidos al contacto con el agua pluvial. A esto, se suman 600.000 toneladas de materiales marginales vulnerables a la fuerte erosión climática de la zona y 17.000 metros cúbicos de lodos de precipitación con una alta probabilidad de filtrar contaminantes hacia las aguas subterráneas.

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Por su parte, Dioxitek S. A. opera a escasos cinco kilómetros del centro de la capital cordobesa, donde conviven 1.3 millones de habitantes. Allí se elabora dióxido de uranio en una localización que transgrede abiertamente el Plan Regulador de la ciudad, el cual veda las industrias peligrosas en zonas urbanizadas. La planta de capitales públicos se define por disputas legales y promesas de mudanza incumplidas desde 1994.

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En 2016, aunque el municipio dictaminó el cierre total de las instalaciones, una cautelar de la Justicia Federal frenó la medida apelando a una presunta «emergencia energética». El conflicto escaló incluso al plano penal cuando antiguos directivos reconocieron ante los tribunales el vertido constante de uranio al sistema de cloacas urbanas, lo que motivó allanamientos de la Gendarmería Nacional por la afectación de las napas de agua.

En ese mismo predio de Alta Córdoba, se consolidó el pasivo de «El Chichón», donde se acumulan 57.600 toneladas de residuos de baja radiactividad, pero este montículo emite gas radón, un elemento radiactivo e invisible asociado por organismos internacionales con el daño celular pulmonar.

La alternativa propuesta por el Gobierno nacional de trasladar la planta a la provincia de Formosa no solo ignoró los derechos de consulta previa de las comunidades indígenas locales, sino que generó un conflicto diplomático de baja intensidad con Paraguay ante el riesgo hídrico compartido en la frontera.

La logística de los reactivos químicos

La operatividad de las centrales atómicas argentinas depende de la producción de dióxido de uranio en Dioxitek, un proceso que demanda un flujo constante de insumos base y reactivos de extrema agresividad química que ingresan por vía terrestre. El concentrado de uranio, conocido como yellowcake, es importado desde la República Checa, Canadá o Kazajistán, y se traslada en tambores de 200 litros desde los puertos de Buenos Aires, implicando un riesgo de radiactividad persistente y dispersión de polvo pesado. En paralelo, camiones cisterna transportan de manera regular reactivos de alta peligrosidad como ácido nítrico, amoníaco anhidro y ácido fluorhídrico por los accesos urbanos de la ciudad de Córdoba, lo que representa un riesgo químico severo ante potenciales vuelcos, fisuras o nubes tóxicas en zonas residenciales.

Una vez completado el procesamiento industrial, el polvo purificado sale de Dioxitek hacia la Planta de Fabricación de Elementos Combustibles en el Centro Atómico Ezeiza, en Buenos Aires, para transformarse en las pastillas que alimentan los reactores nucleares, mientras que los descartes del proceso quedan confinados en el pasivo barrial de Alta Córdoba.

Complicidad de cercanía: gobiernos que miran hacia otro lado

Si el entramado federal del sector nuclear despliega una coraza institucional inaccesible, las administraciones local y provincial operan como facilitadores por omisión. El Estado cordobés ha perfeccionado el arte de mirar hacia otro lado, amparándose en una supuesta «falta de competencia» frente a las prerrogativas de la nación.

La gestión provincial manifiesta un profundo silencio administrativo. A pesar de que la narrativa oficial aboga por resguardar los bienes naturales y la biodiversidad, la dependencia ambiental cordobesa —bajo la estructura del Ministerio de Educación— evita intervenir. Al restringir el conflicto al marco legal de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Autoridad Regulatoria Nuclear, el Gobierno de Córdoba evade su responsabilidad política y renuncia al ejercicio del poder de policía en su propio territorio, lo que deriva en una ausencia total de monitoreos de agua autónomos en el Río Tercero y las Sierras Grandes para evitar desestabilizar la actividad turística.

Por otro lado, la claudicación municipal adquiere tintes de absurdo urbano en el caso Dioxitek, reflejando cómo la autonomía local cede ante las presiones del suministro eléctrico nacional.

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Tras la histórica clausura de 2016, el municipio capitalino adoptó una postura de pasividad técnica: mantiene la incompatibilidad del suelo en los papeles del Plan Regulador, pero permite la continuidad operacional sin inspecciones profundas ni sanciones efectivas.

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Las sedes del poder político provincial y municipal, como el Panal y el Palacio 6 de Julio, han optado por un repliegue estratégico para evitar roces con las autoridades nacionales, consolidando así verdaderas regiones de sacrificio.

Dada la carencia de registros epidemiológicos formales por parte de las carteras de Salud, surge el interrogante sobre el impacto que tendría una movilización comunitaria en Alta Córdoba, Villa El Nylon, Punilla o Embalse que rescatara la “epidemiología popular”. Este método, impulsado históricamente por las Madres de Barrio Ituzaingó Anexo a través de censos vecinales, permitió identificar núcleos geográficos de patologías oncológicas y enfermedades autoinmunes producto de la contaminación ambiental. Para el aparato estatal, la inexistencia oficial de estos indicadores funciona como un mecanismo de autoprotección para eludir responsabilidades civiles y los elevados costos financieros que demandaría la remediación ambiental.

El precio de la ceguera oficial

Al final del día, los papeles administrativos se acumulan en los ministerios y los discursos en redes sociales celebrando victorias abstractas. Pero la física y la biología no entienden de plazos burocráticos ni de conveniencias electorales.

El uranio que descansa bajo la lluvia en las Altas Cumbres, los camiones con tréboles amarillos que esquivan baches en las avenidas céntricas, el gas radón que se filtra en las veredas de Alta Córdoba y el agua tritiada que silenciosamente altera el ciclo de vida en el Embalse de Río Tercero no van a desaparecer con una resolución judicial o una promesa de traslado eternamente postergada.

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Ignorar este riesgo es una negligencia criminal que se financia con la salud de los habitantes y pobladores. Córdoba ha sacrificado su geografía y bienes naturales para aportar al sistema eléctrico nacional como un polo nuclear, mientras sus autoridades eluden responsabilidades alegando falta de jurisdicción. Exigir que las comunidades sostengan este espejismo nuclear sin protección estatal de la salud de los cordobeses y su territorio natural es una injusticia insostenible.

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Si el Estado aspira a una industria que genere energía, debe limpiar sus desidias acumuladas y proteger a sus habitantes. De lo contrario, la tecnología nuclear argentina seguirá marcada por la negligencia y el agua y aire cordobés bajo una condena silenciosa. El tiempo de remediación venció; hoy se juega la defensa de la vida y los bienes naturales frente a la ceguera del poder político.

Fuente:

Daniel Díaz Romero, Córdoba, la atómica: zonas de sacrificio bajo el espejismo de la energía nuclear, 5 junio 2026, La tinta.