Dioxitek se queda en Córdoba

La planta de producción de dióxido de uranio de Dioxitek, en el barrio Alta Córdoba. Crédito: Dioxitek S.A.

A casi una década de la clausura municipal y pese a los compromisos judiciales incumplidos, la empresa estatal Dioxitek admitió ante la Justicia que la relocalización de su planta de dióxido de uranio de Alta Córdoba recién podría concretarse dentro de ocho años.

Por Cristian Basualdo

JUZGADO FEDERAL DE CÓRDOBA 3, Ciudad de Córdoba, 25 de septiembre de 2025.— En una audiencia convocada por el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja, se reunieron representantes de Dioxitek S.A. y de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), junto con apoderados de la Municipalidad de Córdoba. El motivo del encuentro fue la relocalización de la vieja planta de producción de dióxido de uranio que Dioxitek S.A. opera en el populoso barrio de Alta Córdoba, a menos de cinco kilómetros de la plaza San Martín.

El gerente de Asuntos Jurídicos de la empresa estatal, Dr. Rodrigo Martín, declaró que, con la mejora en el precio del dióxido de uranio, “se logró hacer mejoras” tanto preventivas para la planta de Córdoba, como para la planta de Formosa, “para lograr en un futuro cercano, la culminación de la misma”. En relación con los plazos para la mudanza, “vemos un horizonte de ocho años para lograr mover la planta de Córdoba a la planta de Formosa”, dijo Martín.

La Municipalidad de Córdoba reiteró la solicitud ya plasmada en acuerdos anteriores: primero, el “retiro total de la planta ubicada en barrio Alta Córdoba” y, como segundo punto, la remediación de “El Chichón”, que es un sector de la planta que “de acuerdo a estudios técnicos requiere un proceso de remediación”.

“El Chichón” es el nombre con el que los cordobeses conocen a un promontorio formado por 57.600 toneladas de residuos radiactivos de baja intensidad, que se generaron como consecuencia de los experimentos que realizó la CNEA a partir de 1952 para desarrollar el método de lixiviación en pilas para la minería del uranio.

En el acta de la audiencia consta que la Municipalidad de Córdoba solicitó la presentación de algún plan de trabajo, con etapas, “algo que podamos saber con cierta previsibilidad”, en relación con los plazos y el avance de las obras, al menos “un plan mínimo de obras o un proyecto”.

El juez Vaca Narvaja preguntó acerca de la posibilidad de que se le acerque un acuerdo a la Municipalidad, a lo que Dioxitek S.A. aseguró que “a partir de la firma de un memorándum con empresas privadas”, lo que podían acercar tenía que ver con dos cuestiones: “el esquema de trabajo de lo que demoraría el armado del vehículo de inversión”, que llevaría una serie de pasos, no se podría presentar de inmediato “en virtud de los acuerdos de confidencialidad con las empresas privadas”, y el segundo paso, una vez finalizada esa licitación, recién tendría “un plazo establecido en el pliego de condiciones que se emitan en consecuencia del llamado a licitación para poder hacer esta inversión”.

Hace treinta años, la Municipalidad de Córdoba y la CNEA acordaron relocalizar las instalaciones de Alta Córdoba. Desde entonces se acumulan acuerdos, plazos, y compromisos incumplidos. En 2016, la Municipalidad de Córdoba clausuró la planta porque viola la ordenanza de uso del suelo, carecía de certificado de bomberos, y de autorización para arrojar los efluentes a las cloacas, entre otros motivos.

El juez Vaca Narvaja le permitió seguir operando. La empresa se comprometió el retiro completo de servicio de la planta en un plazo que no podía exceder de veinticuatro meses. Pero el plazo fue prorrogado hasta el 31 de marzo de 2020 y, posteriormente, hasta el 31 de diciembre de 2024. Dioxitek S.A. nunca cumplió. Vaca Narvaja vio vencer los plazos sin intervenir.