Los Gigantes: la bomba química que Nación y Córdoba eligen ignorar
Meses atrás, la mina de uranio abandonada en Los Gigantes volvió a suscitar dudas sobre contaminaciones radioactivas hacia el Lago San Roque. Conversamos con Cristian Basualdo (especialista en la temática) para adentrarnos en uno de los desastres ambientales más emblemáticos —y menos públicos— de la provincia
Por Matías Machado Quiroga para Enfant Terrible
La mina de uranio abandonada en Los Gigantes: ¿sigue acumulando un pasivo químico con la combinación de residuos radiactivos y materiales tóxicos?
Meses atrás, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) publicó un comunicado negando riesgos que en sus propios documentos internos reconocen.
Enfant dialogó con el periodista socioambiental Cristian Basualdo, y colaborador del medio Huella del Sur, para entender qué pasa hoy en la mina de uranio abandonada en Los Gigantes y su posible impacto ambiental.
Basualdo investiga desde hace años el legado nuclear argentino y la falta de control estatal sobre los pasivos ambientales. En diálogo con Enfant Terrible, repasó la documentación técnica, los comunicados oficiales y las contradicciones de la CNEA sobre un sitio que entiende como una “bomba química y radiactiva en el corazón de las sierras de Córdoba”.
Un legado de la dictadura que persistió en democracia
El yacimiento de Los Gigantes fue explotado por la CNEA durante la última dictadura militar como parte de un “plan para el desarrollo de energía nuclear nacional”.
En 1979, la Comisión adjudicó la operación del sitio a Sánchez Granel S.A., una empresa vial sin experiencia minera, violando la normativa que prohibía la concesión privada de minas nucleares.
Años más tarde, entre 1982 y 1985, Sánchez Granel removió más de un millón y medio de metros cúbicos de suelo y construyó una planta de procesamiento de uranio junto a una presa de ocho hectáreas destinada a contener residuos ácidos, según datos oficiales de la CNEA.
Basualdo señaló que se vertieron líquidos acidificados con restos de uranio, radio, radón y otros de sus descendientes tóxicos durante el funcionamiento de la mina, según documentó el organismo estatal en informes internos de los años ochenta. Esos vertidos, entiende el entrevistado, habrían alcanzado los arroyos El Cajón, El Cambuche, Malambo y Los Vallecitos, que desembocan en el río San Antonio, uno de los principales afluentes del Lago San Roque.
A casi cuarenta años del cierre, el sitio seguiría liberando gases y filtrando químicos: las colas de mineral emiten radón, los diques continúan colmatados y, según reconoció la CNEA, en 2021 se rompió la geomembrana del Dique 3, abriendo una nueva vía de infiltración hacia el subsuelo.
En 1987, mientras Angeloz renovaba su mandato como gobernador y el precio internacional del uranio caía, la CNEA suspendió la explotación y cerró la mina, dejando abandonadas más de 2,4 millones de toneladas de colas de mineral, 1 millón de toneladas de estériles, 600 mil toneladas de marginales, diques con efluentes líquidos y edificios contaminados.
¿Negacionismo ambiental?
El 22 de septiembre de 2025, CNEA difundió —en Infobae— un comunicado titulado “La CNEA desmiente rumores sobre Los Gigantes y garantiza la seguridad ambiental”. Allí, el presidente Germán Guido Lavalle sostuvo:
“El organismo realiza controles permanentes en el sitio y se puede afirmar con total claridad que no existe ningún riesgo de contaminación fuera del perímetro de Los Gigantes. Cualquier afirmación en sentido contrario carece de sustento técnico”.
Sin embargo, en documentos internos la propia CNEA había admitido lo contrario. En la Ingeniería de detalle para el proyecto de restitución ambiental minera en el sitio Los Gigantes (diciembre de 2016), el organismo advierte que los componentes del pasivo “representan riesgo de impactos potenciales para la salud de la población, el ecosistema circundante y la propiedad”.
En ese sentido, Basualdo opina: “En el comunicado dicen que no hay riesgos, pero en los documentos técnicos sostienen lo contrario. Es una negación política más que técnica”.
Abandonar también es contaminar
La controversia actual comenzó con una nota publicada por el diario El Chubut el 9 de septiembre de 2025, que reveló la rotura en la impermeabilización del Dique 3 del ex complejo minero. El dato figuraba en un informe oficial de la CNEA de 2024 y fue confirmado en una respuesta al pedido de acceso a la información pública presentado por Basualdo el 4 de agosto de 2025.
“El caso expone una crisis de transparencia que atraviesa a todo el sector nuclear argentino: un pasivo nunca remediado, oculto bajo comunicados ambiguos y silencios oficiales, mientras sigue filtrando contaminantes hacia afuera del establecimiento minero”, expresó Basualdo.
El episodio fue denunciado también por vecinos de la zona que detectaron movimientos de maquinaria, y por el ingeniero hidráulico Juan Vernieri, autor de la nota de El Chubut, quien confirmó el ingreso de equipos al área del dique.
“La propia CNEA reconoce que se reimpermeabilizó el Dique 3 por roturas de la geomembrana. Lo dicen ellos: que fue por vientos de más de 100 kilómetros por hora. Eso significa que hubo pérdida de impermeabilización y pudo haber filtraciones. Tal vez se rompió la cobertura superior, lo que permite el ingreso de agua de lluvia y subterránea, colmatando el dique hasta un posible derrame. Es grave, aunque no lo expliquen con claridad”, advirtió el especialista.
Un basurero nuclear a cielo abierto
El periodista también recordó que el Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería del Uranio (PRAMU), financiado parcialmente por el Banco Mundial, se diseñó justamente para sanear sitios como este. Pero Los Gigantes nunca fueron intervenidos.
En la página 74 del documento antes mencionado, cuyo título es Resumen de las conclusiones relacionadas con el estudio hidrogeológico, se destaca que “las características químicas del agua superficial y subterránea están influenciadas por la actividad minero-industrial existente en el complejo (colas de mineral, efluentes, etc.)”.
Otro ítem clave es el resumen de conclusiones del estudio de biota. “Los resultados encontrados en los arroyos del sur, donde los sedimentos (residuos sólidos) penetran en el arroyo de la Mina cambiando su estructura geomorfológica y química, transformando ese arroyo en una corriente de agua incolora en la que no se observa vida alguna y solo bajo microscopio se contabilizan unos cuantos individuos de dos especies de algas”, se lee en el informe.
“Históricamente, los vecinos denuncian contaminación. Cuando empezas a investigar, los datos terminan confirmando lo que la gente viene diciendo hace décadas. La misma CNEA reconoce que el 70% de la radiactividad queda en las colas del mineral. Y esos diques están en una quebrada que conecta directo con el San Antonio. Si se desbordan, uranio, radio, metales pesados y químicos van directo al San Roque”, sentenció Cristian.
Control inexistente y transparencia cero
“El Banco Mundial le prestó a la CNEA 30 millones de dólares, la mitad se usó para Malargüe. El resto sigue esperando su turno. Mientras tanto, no hay controles y el daño se expande”, explicó Basualdo.
El informe anual de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) confirmó que en 2021, el año en que se produjo la rotura de la geomembrana, solo se retiraron los medidores de radón y se instalaron nuevos. No hubo campañas de muestreo ni análisis de agua, “debido a la pandemia”.
Por su parte, el Banco Mundial, en su evaluación final del PRAMU, declaró: “La CNEA continúa siendo reacia a divulgar información al público en general. La información sobre los sitios mineros y los resultados del monitoreo ambiental no se comparten de manera proactiva”.
El organismo internacional señaló que la CNEA no considera apropiado compartir los resultados de las campañas de vigilancia radiológica con el público, ya que pocas personas estarían capacitadas para interpretarlos correctamente.
“Existe una cultura institucional de no compartir datos, lo que limita la transparencia y el acceso a datos relevantes para las comunidades afectadas. ¿De qué le sirve a la CNEA investigar a fondo el San Roque? Si encuentra contaminación, pierde. Si no busca, gana tiempo. Por eso no quieren medir ni publicar”, enfatizó Basualdo.
Un costo que nadie quiere pagar
El documento técnico de la CNEA presupuestó la remediación de Los Gigantes en 66 millones de dólares, pero el Estudio de Impacto Ambiental lleva más de ocho años paralizado en la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba.
“Si lo aprueban, alguien tiene que salir a buscar el cheque. Por eso avanza a paso de tortuga. No es burocracia, es falta de voluntad política y económica”, advirtió Basualdo.
El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) ya había anticipado que la remediación de una antigua mina en la que no se tomaron medidas preventivas desde el inicio resulta más costosa, toma más tiempo y, en muchos casos, termina con resultados insatisfactorios.
El ambiente en Córdoba carga una herencia tóxica: cloacas sin tratar, algas con cianotoxinas en el Lago San Roque y además de un pasivo nuclear abandonado que es un riesgo constante.
“No tenemos precisión de lo que sucedió por la deficiencia de datos que da la CNEA. Pero sí sabemos que Los Gigantes contamina, que los documentos oficiales lo confirman y que los vecinos lo viven todos los días. El problema no se soluciona, se oculta y se esconde. Mientras tanto, seguimos tomando esa agua”, concluye Basualdo.
Fuente:
Matías Machado Quiroga, Los Gigantes: la bomba química que Nación y Córdoba eligen ignorar, 26 noviembre 2025, Enfant Terrible.
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