Indígenas se manifiestan sobre la energía nuclear y los residuos radiactivos

Declaraciones de comunidades indígenas de Canadá, sobre la energía nuclear y los residuos radiactivos, demuestran que muchos pueblos indígenas reconocen los riesgos potenciales que plantean las actividades nucleares en sus lugares de origen.

Por Juan Vernieri

Estas comunidades indígenas no aceptan un mayor desarrollo nuclear, ni el transporte y almacenamiento de residuos nucleares en sus tierras. Hacerlo sin su consentimiento libre, previo e informado, es una violación de sus derechos. Las comunidades buscan justicia actual y también para las generaciones venideras.

Desde 2018, las organizaciones indígenas han aprovechado la oportunidad que la Comisión Canadiense de Seguridad Nuclear (CNSC) les ha brindado para presentar más de 125 documentos en los que se describen las preocupaciones sobre los proyectos nucleares existentes y propuestos.

Un tema común en las presentaciones más recientes es que la CNSC no está escuchando ni actuando en consecuencia con las voces indígenas, y que no se está cumpliendo con su derecho a ser consultadas sobre proyectos nucleares.

El colonialismo es un fenómeno en curso en Canadá. Para apoyar a la industria nuclear, el gobierno canadiense niega los derechos de los pueblos indígenas.

El reciente plan del gobierno federal “Construyendo un futuro limpio en Canadá” para lograr que los proyectos nucleares se construyan más rápido, con menos regulaciones, está en conflicto directo con el deseo de muchas comunidades indígenas de una mayor consulta y de desacelerar o detener el desarrollo nuclear.

Si se respetaran los derechos indígenas, el desarrollo nuclear futuro sería difícil o imposible.

Algunas comunidades indígenas son persuadidas de apoyar proyectos nucleares, con garantías de desarrollo económico.

No hay evidencia de que los proyectos nucleares rindan beneficios económicos, pero los defensores de la energía nuclear necesitan el apoyo indígena para asegurar la financiación pública.

La industria ha dado a las comunidades potenciales decenas de millones de dólares para convencerlas de que sean anfitriones “dispuestos” para el almacenamiento de residuos nucleares de alto nivel, y estas comunidades han utilizado la mayor parte de los fondos para proporcionar servicios comunitarios que de otra manera no podrían pagar.

Esto va en contra de los principios de justicia ambiental. Se considera ilegal infligir daño ambiental a una comunidad que necesita financiación, aunque esté dispuesta a aceptar el pago por el daño.

El combustible nuclear usado, un residuo de alto nivel, tarda cientos de miles de años en descomponerse. Esto significa que la energía nuclear crea injusticia intergeneracional.

Las personas que aún no han nacido heredarán estos residuos peligrosos y los efectos asociados, pero no se beneficiarán de ninguna manera del uso de reactores nucleares por parte de nuestra generación para producir electricidad.

El gobierno federal está apoyando el desarrollo de la energía nuclear por razones estratégicas y políticas.

Existen alternativas para la transición energética, y las comunidades indígenas han demostrado que los proyectos de energía eólica a escala de servicios públicos, tienen éxito.

El jefe indígena Akagi manifiesta: “Mi mensaje es simple y claro. Ayúdenme a preservar el futuro. Permítannos ayudarlos: trabajen con nosotros para detener la producción de desechos nucleares. Juntos, asegurémonos de que los desechos existentes no sean abandonados, sino que sean monitoreados y cuidados para mantenerlos aislados de las generaciones futuras y de todos mis parientes”. (Fuente: Beyond Nuclear)