Residuos nucleares de alta actividad: la situación en EE. UU. | 1.° parte

Es preciso distinguir dos orígenes: los residuos de la producción de armas nucleares que el país viene generando desde hace ochenta años y los que produce la generación de electricidad desde la década del cincuenta, los combustibles gastados. Nos proponemos describir la situación de estos últimos.

Por Juan Vernieri

Una cosa clara: los residuos radiactivos no desaparecen. Los depósitos, cualquiera sea su ubicación, su carácter, temporal o definitivo, y su designación, no los hacen desaparecer por arte de magia, no se pueden eliminar.

El gobierno federal está obligado por ley a tener un plan de “eliminación” permanente de los residuos nucleares antes de iniciar el almacenamiento temporal, o “almacenamiento provisional consolidado” para el combustible nuclear gastado comercial.

Actualmente, hay más de 90.000 toneladas métricas de este residuo, almacenadas bajo agua, in situ en plantas de energía nuclear en funcionamiento o cerradas en 33 estados, una cantidad que sigue creciendo a unas 2.000 toneladas métricas al año.

Contienen plutonio, uranio, estroncio y cesio; es el tipo de residuo radiactivo más tóxico y peligroso creado por la industria nuclear y será radiactivo durante millones de años.

Han pasado más de 70 años produciéndolos sin definir un destino “permanente”, a pesar de leyes que así lo establecen.

Tal vez por tanto tiempo es que dos empresas privadas, “Holtec” e “Interim Storage Partners” (ISP), han propuesto construir y operar instalaciones provisionales para desechos de alta densidad de residuos (HLW) llamadas “Instalaciones de almacenamiento provisional consolidadas (CISF)” en Nuevo México y Texas.

Estos almacenamientos concentrarían provisoriamente los residuos de las centrales nucleares hasta tanto se disponga el llamado “permanente” o “definitivo” para su supuesta “eliminación”.

Entran así en escena Holtec e ISP, para captar las fortunas que el estado deberá destinar para estos almacenamientos provisorios.

Los planes de Holtec sufren obstáculos legales y políticos.

Un tribunal federal de apelaciones ordenó recientemente una revisión y revocó una decisión anterior que otorgaba una licencia, citando posibles problemas de procedimiento y reglamentarios.

En respuesta, el estado aprobó el Proyecto de Ley Senatorial 53, que prohíbe el almacenamiento de residuos nucleares de alto nivel y prohíbe a las agencias estatales emitir permisos para dichas instalaciones. Esta legislación representa un obstáculo legal significativo para Holtec, ya que requiere permisos estatales esenciales para la construcción y operación.

Holtec y la Comisión Reguladora Nuclear (NRC) han apelado a la Corte Suprema para restablecer su licencia de almacenamiento a pesar de esta oposición regional.

Los líderes políticos de Nuevo México, incluida la gobernadora Michelle Lujan Grisham y el fiscal general Raúl Torrez, han expresado una fuerte oposición a los planes. Argumentan que la instalación podría plantear importantes peligros ambientales y convertir a Nuevo México en un depósito permanente de residuos nucleares.

Holtec sostiene que sus operaciones son seguras y necesarias para gestionar el creciente arsenal de residuos nucleares del país.

Estos emplazamientos y cualquier transporte a los mismos no solo son peligrosos, sino también ambiental y socialmente injustos.

La demografía de Nuevo México es mayoritariamente latina. Hay muchas comunidades de color, especialmente en la parte sur del estado donde se proponen los emplazamientos. Estos presentan claros ejemplos de racismo ambiental; las personas de color se verían desproporcionadamente afectadas si se concediera la licencia y se construyera el emplazamiento de Holtec.