Situación de una de las Centrales Nucleares más peligrosas del Mundo

La construcción de los dos reactores de la central Diablo Canyon en California, Estados Unidos, se inició en 1968, en medio de fuertes protestas que dieron forma a un fuerte movimiento antinuclear en el estado. Mientras las obras avanzaban a buen ritmo, se confirmó el hallazgo de la falla geológica Hosgri, situada frente a la costa, a poco más de cinco kilómetros de la planta y capaz de producir sismos de una magnitud 7.5.

Por Juan Vernieri

El hallazgo de esta y otras fallas sísmicas sobre las que no se tenía conocimiento, e informes sobre su seguridad, la mantuvieron siempre en el ojo del huracán

La central había sido construida para resistir un terremoto de magnitud 6.7, por lo que los ingenieros tuvieron que modificar su diseño. Las dudas sobre la capacidad de la central para hacer frente a un gran terremoto volvieron a aparecer en 2008, cuando se descubrió una nueva falla símica, bautizada como Shoreline y situada a tan solo 600 metros de la central.

Y en 2014 el temor resurgió cuando una agencia de noticias hizo público un informe confidencial, firmado por Michael Peck, quien hasta dos años antes trabajaba en la planta como inspector de la Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos (NRC).

El documento no indicaba que sus reactores fueran inseguros, pero señalaba que mantenerlos en funcionamiento era “contrario a la presunción de seguridad nuclear”, algo que tanto la propia NRC como la operadora no tardaron en desestimar. Sin embargo, en 2016 la empresa que la gestiona, las autoridades estatales y grupos ambientalistas y sindicales llegaron a un acuerdo para cerrarla. Según ese acuerdo, un reactor debía cerrarse en 2024 y el segundo en 2025. La Comisión de Servicios Públicos de California aprobó el cierre en 2018, luego del acuerdo.

Consultada por BBC Mundo, la operadora Pacific Gas & Electric (PG&E) mantiene que sigue siendo una central segura. Construida prácticamente sobre el mar, a medio camino entre Los Ángeles y San Francisco, Diablo Canyon es la última central nuclear activa de California. Y hasta setiembre de 2022 parecía tener los días contados.

El cierre estaba pactado para 2025, pero la Legislatura Estatal de California en setiembre de 2022 aprobó conceder a la operadora un préstamo de 1400 millones de dólares con el objetivo de que la mantenga activa hasta 2030, en un plan impulsado por el gobernador del estado, Gavin Newsom.

El Gobierno federal permite que la planta siga operando mientras buscan una extensión de 20 años. La Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos otorgó una exención que permitirá que la planta siga operando después de 2025.

Eso ha provocado la ira de quienes la consideran “una de las centrales nucleares más peligrosas de Estados Unidos”, por estar asentada en una zona proclive a los terremotos y cerca de grandes núcleos de población, algo que la operadora tajantemente niega. Más de medio millón de personas viven en un radio de 100 kilómetros alrededor de la planta.

La operadora PG&E busca la aprobación total para extender su vida útil, tiene hasta el 31 de diciembre de 2023 para presentar su solicitud de renovación, que debe describir los problemas relacionados con la seguridad y la integridad de los reactores envejecidos.

Los grupos de justicia ambiental y los defensores antinucleares criticaron la decisión, citando grandes preocupaciones sobre la eliminación de desechos nucleares y problemas de seguridad relacionados con la proximidad de la planta a fallas sísmicas.

Como parte del proceso de renovación de la licencia, la agencia federal dijo que la operadora debe proporcionar información detallada sobre la condición de los reactores. La revisión de una solicitud por parte de la agencia generalmente toma alrededor de dos años.

Diane Curran, abogada principal de Madres por la Paz de San Luis Obispo, dijo que la agencia federal “en su reverencia a la operadora, ignoró por completo sus propias reglas, con implicaciones de gran alcance para todos sus estándares de seguridad”.

Hallie Templeton, directora legal de Amigos de la Tierra, calificó la decisión como “una señal de advertencia siniestra sobre cuán independiente será la Comisión Reguladora Nuclear en la evaluación del riesgo de terremotos y la integridad operativa general de los reactores de Diablo Canyon”.

“Consideraremos todos los medios disponibles para garantizar que se cumplan la letra de la ley en esta y futuras decisiones y que no pongan en riesgo a las personas y el medio ambiente”, agregó.

La operadora debe demostrar que la planta es viable y segura para que se le otorgue la extensión total.

Retrasar su cierre es poner “a un gran número de personas en un gran riesgo”, le dijo Daniel Hirschm, quien fuera el director del Programa de Políticas Medioambientales y Nucleares de la Universidad de California, Santa Cruz, a la agencia AP antes de la votación en la Legislatura Estatal. “Eso es lo que está en juego aquí”.

“Es una completa distracción, es desesperante. Se trata de salvar una industria nuclear asediada, no se trata de salvar el clima”. Shaun Burnie, Greenpeace. (Fuente: Nadia López)